Política Social
Política Social Objetivos generales, específicos y medidas Proponemos a continuación unos objetivos generales que abordan las finalidades planteadas con anterioridad. Cada objetivo general desarrolla una de las finalidades y se concreta en objetivos específicos alcanzables para el año 2020, con medidas que los hagan efectivos: Erradicar las manifestaciones más graves e injustas de la pobreza […]

Política Social

Objetivos generales, específicos y medidas

Proponemos a continuación unos objetivos generales que abordan las finalidades planteadas con anterioridad. Cada objetivo general desarrolla una de las finalidades y se concreta en objetivos específicos alcanzables para el año 2020, con medidas que los hagan efectivos:

  1. Erradicar las manifestaciones más graves e injustas de la pobreza y exclusión social.

1.1.   Cumplir hasta 2015 estrictamente  con el Objetivo de Desarrollo del Milenio n.º 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre, reduciendo a la mitad el número de personas que pasan hambre y que disponen de menos de un dólar diario. Las medidas a implementar son asegurar mayor justicia en las relaciones y acuerdos comerciales, especialmente en los relacionados con la garantía  al derecho de alimentación, la condonación de la deuda externa y más y mejor ayuda al desarrollo, apoyando especialmente la inversión en desarrollo agrícola.

1.2.  Disponer hasta 2020 en toda España de un sistema de ingresos mínimos garantizados como derecho subjetivo de todo ciudadano. Para ello deberá articularse un marco legal estatal mínimo homogéneo —en coberturas, cuantía y calidad— para todas las comunidades autónomas que desde los ámbitos autonómico y local podrá ser desarrollado y mejorado, además de facilitar su coordinación con el Sistema de Servicios Sociales. Mientras tanto, se debería ampliar el sistema protector existente, en varias direcciones, siempre tomando como eje central de la protección los conceptos de “necesidad social” y de “cobertura suficiente”.

1.3.   Contribuir a la erradicación de la pobreza infantil y frenar la transmisión intergeneracional  de la pobreza, reduciéndola hasta 2020 en un 70% —respecto al nivel de 2010—, mediante ayudas económicas y acceso a servicios a las familias con menores a su cargo.

1.4.   Reducir hasta 2020 el desempleo  de las personas en riesgo de exclusión2.

Para  ello se generarán oportunidades de empleo para las personas en riesgo de exclusión social que puedan acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad. Y, al mismo tiempo, existirán ofertas ocupacionales que complementen las medidas de protección social para las personas con menor grado de empleabilidad. Una amplia y suficiente oferta de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral, el pleno desarrollo de la Ley de Empresas de Inserción y su fomento, las cláusulas sociales,  así como bonificaciones para la contratación  de personas en riesgo de exclusión, son medidas ineludibles.

1.5.   Destinar hasta 2020 el 10%  del parque de viviendas a Vivienda Social Pública. Para  ello será necesaria una Ley de Vivienda que prevea la incorporación de Vivienda Social Pública en todo plan de urbanismo local y autonómico, eliminando el requisito de ingresos mínimos y facilitando el alquiler a colectivos con dificultades.

1.6.   Lograr que en 2015, en cumplimiento de la Declaración del Parlamento Europeo al respecto, ya no haya personas viviendo en la vía pública. Por tanto, se habrán erradicado las situaciones de máxima exclusión residencial, ampliando y mejorando los recursos residenciales de emergencia (albergues, centros de día, etc.) de forma que favorezcan el desarrollo personal y la autonomía individual y familiar.

1.7.   Erradicar hasta 2020 la vulnerabilidad e indefensión  vinculada a la irregularidad administrativa por medio de procedimientos de arraigo y autorizaciones  de trabajo provisional. Para  lograr este objetivo será necesario conocer cuantitativa  y cualitativamente  esta situación y asegurar el acceso a derechos  humanos y sociales  básicos a estas personas.

1.8.   Lograr que las personas inmigrantes en situación de “inexpulsables” puedan recibir una autorización de residencia temporal y trabajo para evitar que caigan en la exclusión.

1.9.   Lograr hasta 2020 el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) a través de alternativas  más eficaces, menos costosas y humana y socialmente más dignas.

1.10.   Lograr en esta década que a las mujeres víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual se les garanticen siempre sus derechos, y tengan garantizado el adecuado acceso a los servicios sociales, educativos, sanitarios y laborales. Para ello será necesario el cumplimiento de las convenciones, protocolos y planes internacionales y nacionales en esta materia, ajustes egislativos, además de acciones concretas de sensibilización de la sociedad en general, para que, a la vez que se protege, no haya demanda que genere nuevas víctimas.

  1. Frenar las causas y círculos generadores de vulnerabilidad.

2.1.   Elevar el porcentaje de inversión de gasto social respecto del PIB3 para llegar en 2020 a la media de la UE, 28%, y duplicar el porcentaje de gastoaplicado a exclusión social para alcanzar también la media europea. Para ello será necesario acometer una renovación del sistema fiscal que, sin desincentivar la creación de empleo, pero gravando el enriquecimiento no productivo y especulativo, permita avanzar en este objetivo.

2.2.   Reducir hasta 2020 el porcentaje de “trabajadores pobres” por debajo del

5%, entre otras medidas reduciendo drásticamente  la precariedad laboral y aumentando progresivamente cada año —más allá del IPC— el Salario Mínimo Interprofesional.

2.3.   Asegurar que en el año 2020, en el marco del trabajo a favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, el sector de las Trabajadoras del Hogar goce de unos derechos  y situación laboral equiparables a otros sectores productivos. Las medidas que proponemos son la integración del Régimen especial del empleo doméstico en el Régimen General de la Seguridad Social, la derogación del Real decreto 1424/85, de 1 de agosto, sobre el trabajo doméstico, y la convergencia de los derechos laborales con el estatuto de los trabajadores, así como una profesionalización del sector a través de una formación homologada.

2.4.   Reducir el desempleo  juvenil hasta que se sitúe al menos por debajo de la tasa media de la Ue4, en especial la de los jóvenes con mayores dificultades, mediante la diversificación y la adaptación de medidas de formación profesional, la creación de plazas de trabajo de aprendizaje y la bonificación de la contratación  de jóvenes.

2.5.   Reducir hasta 2020 el nivel de abandono escolar antes de finalizar la educación secundaria del actual 30%  a menos del 10%, mediante un Pacto de estado en educación que prevea, entre otras medidas, la enseñanza gratuita  de 0-3, mayor calidad en la educación, adaptándose a cada niño y niña, y una efectiva atención a la diversidad.

2.6.   Reducir hasta 2020 las desigualdades  sociales  en salud, con atención prioritaria a los colectivos más excluidos, como las personas sin hogar o las minorías étnicas, así como a determinados ámbitos, como la salud mental, que experimenta una carencia importante de recursos. Para  ello proponemos la creación de una Comisión Permanente  en el Parlamento para el seguimiento de esta materia y la elaboración de un Plan Nacional de Reducción de las desigualdades en Salud con la participación del tercer Sector.

2.7.   Lograr durante la próxima década la incorporación de las personas inmigrantes al mercado laboral en condiciones de igualdad (dignidad y calidad), así como eliminando las trabas para la autorización de trabajar “sin límite de territorio  y actividad”, por cuenta propia o ajena, y la homologación de su titulación de formación en origen.

2.8.   Firmar en esta década un Pacto Social sobre la Vivienda, con la participación de todos los agentes, que lleve un seguimiento del derecho a vivir en una vivienda digna y adecuada, y concretamente de la gestión del parque de Viviendas de Protección Oficial y del parque de Viviendas Públicas de Alquiler, cuyos mínimos estarán  garantizados  por la Ley de Vivienda estatal anteriormente  citada.

2.9.   Mejorar durante los próximos años la situación de los Menores No Acompañados (MENAS), mediante el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, primando la condición de menor sobre la de inmigrante, y garantizar a los menores que alcanzan la mayoría de edad su renovación en la documentación legal requerida para trabajar y residir.

  1. Fomentar los procesos  de integración y convivencia.

3.1.   En el marco del Nuevo Modelo Productivo, que promoverá un desarrollo éticamente sostenible, generar en esta década oportunidades de empleo para las personas más desfavorecidas en los sectores de atención a la dependencia y de cuidados a personas, en las actividades medioambientales y la recuperación de zonas naturales, en el desarrollo local y rural, potenciando el autoempleo y la economía social mediante el asesoramiento a emprendedores de colectivos en riesgo de exclusión, la concesión de microcréditos y la inversión en innovación social.

3.2.   Establecer el Sistema de Servicios Sociales  como un sistema básico del Estado del bienestar, no reducido sólo a la prestación de Dependencia. Para ello hace falta una normativa de ámbito estatal que garantice la igualdad para todos los ciudadanos en prestaciones técnicas, aumentar la aportación del Estado hasta equipararla  con la aportación conjunta de comunidades autónomas y entidades locales, mejorar la cartera  de servicios, asegurar una gestión transparente y participativa, y desarrollar  con la máxima intensidad las prestaciones de acompañamiento, prevención y atención integral a los procesos de inclusión social. Es imprescindible que este sistema permita la flexibilidad ante las necesidades cambiantes y una mejor coordinación entre los sistemas públicos de protección: social, sanitario y de la Seguridad Social.

3.3.   Desarrollar en esta década plenamente la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, incorporar la enfermedad mental y la discapacidad intelectual en las prestaciones de esta ley, dotar de suficientes dispositivos ambulatorios de atención y servicios de respiro y apoyo a las familias cuidadoras.

3.4.   Completar la intervención específica sobre colectivos desfavorecidos por iniciativas y normativas que favorezcan un mercado laboral inclusivo y un empleo de calidad, conciliación de la vida personal-familiar  con la laboral, adaptación horaria de la jornada laboral, fomento del trabajo a tiempo parcial libremente elegido, etc.

3.5.   Poner en marcha un Pacto de Estado de Inmigración con todos los agentes implicados que permita construir una sociedad de acogida más participativa, plural y cohesionada, por medio de un plan que ponga énfasis en la integración y en la convivencia, en el que se incida especialmente en el ámbito educativo y en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Este plan deberá estar articulado con el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y con los planes autonómicos y locales.

3.6.   Lograr en esta década que los planes de ordenamiento territorial incorporen la obligatoriedad de dedicar al menos el 15%  de las promociones de suelo municipal a vivienda destinada a políticas sociales. Estos planes habrán de ser integrales, contemplando los medios para el cuidado de los barrios y pueblos, evitando situaciones de gueto, e incorporando en todos los espacios residenciales los servicios básicos suficientes (sociales, sanitarios, educativos…) para el desarrollo de la vida comunitaria.

3.7.   Reforzar las políticas de cooperación  al desarrollo, no condicionando estas al control de los flujos migratorios, y fortalecer las oportunidades de intervención que presentan las redes transnacionales  de migrantes en origen y destino.

3.8.   En esta década se habrá cumplido con el Objetivo de Desarrollo del Milenio n.º 8, manteniendo sus metas y medidas: fomentar una alianza global para el desarrollo: materializando  los compromisos internacionales asumidos en materia de desarrollo, resolviendo con coherencia y transparencia políticas las cuestiones de comercio, deuda y ayuda al desarrollo para promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

  1. Desarrollar y mejorar la gobernanza de las políticas sociales.

De forma transversal a todas las propuestas contenidas en este documento, pedimos:

4.1.   Disponer en las políticas sociales de unos compromisos  firmes y coordinados por parte de todas las administraciones y actores implicados, que se concretarán  en objetivos  definidos y evaluables, en medidas concretas y en unos presupuestos adecuados y realmente aplicados.

4.2.   Mejorar sensiblemente la gobernanza de las políticas sociales,  mediante una participación real y efectiva de todos los agentes, interlocutores sociales y toda la sociedad civil en el diseño, puesta en práctica, seguimiento y evaluación de estas políticas.