Nosotros

Nuestro partido fue constituido en Alicante el 25 de Agosto de 2006 con la denominación primera de Centristas.org.

Los miembros y el espíritu del mismo vino dado por la Filosofía del antiguo CDS y en su absorción por parte del PP una línea de trabajo se fundamento en un tipo de política diferente dentro de la tendencia de Centro-Liberal.

En fecha de 28 de diciembre de 2007 se adopta el cambio de denominación del partido al actual nombre “Partido Centristas” (PCTR).

Durante estos años, su trabajo se ha ido basando en la puesta en escena de ideas que en todo grado vayan en la consonancia de una Política de Centro y sobre todo que este encaminada en sus miembros a una consolidación de ideas y no de objetivos de unos pocos.

Desde su fundación y dentro de sus estatutos se defiende una España sin Administración Autonomía de referencia considerando a la Provincia como base fundamental de gestión territorial en manos de las Diputaciones Provinciales.

Dentro del marco constitucional se defiende a priori un modelo establecido en la Carta Magna de la división actual, si bien es necesario un cambio en las divisiones territoriales y profundizar en una Administración y un Gobierno Autónomo más rentable y más coherente con las condiciones de las personas de cada territorio.

La riqueza lingüística, cultural y diversidad de los territorios de nuestro país, hace obligatorio un respeto a todas las circunstancias en las que nos encontramos con unas normas de convivencia a nivel Autonómico que permita esta diversidad, teniendo en cuenta que es necesario el modelo de gestión y de Administración para que la igualdad entre todos los españoles sea por igual.

La Libertad del individuo es la base de la convivencia en la sociedad estando en manos del mismo la base de una democracia participativa y elemental en nuestro modelo de convivencia.

La democracia reside en el pueblo y la reforma de las Leyes y/o de la constitución debe traer aparejada la norma adecuada al igual que en la constitución de 1812 de los elementos de control de los cargos públicos y su inmediata sustitución de los mismos  en el momento que el pueblo así lo decida por una sospecha de delito en cargo publico.

La Justicia no debe de participar en la justicia de los funcionarios y personal publico y debe de ser este uno de los elementos de justicia del pueblo con sus representantes.

Para la Garantía de los Derechos Fundamentales del ciudadano que atañen a la vivienda, el empleo y aquellos que afecten a la economía y bienestar del ciudadano, las políticas que se deben de defender para este fin están basadas en el apoyo a la creación de empresas, apoyo al fomento de empleo y a búsqueda de oportunidades comerciales y de empleo de todos los españoles para una calidad de vida adecuada dándole las oportunidades para conseguir de forma libre y responsable los Derechos a los que nuestra Constitución reconoce.

No se entiende en la actualidad unas políticas que no respetan la propiedad privada, la inversión, el ahorro y la iniciativa de crecimiento en detrimento de terceros por las excusas de la expropiación o limitación de estos Derechos.

La sociedad debe de disponer de recursos y oportunidades para que cada cual pueda desarrollar sus actividades, su crecimiento personal y económico dentro de los limites de las libertades personales, del Derecho a la propiedad, la empresa y la creación e innovación personal o colectiva.

Los servicios Públicos del Estado deben de estar al servicio del Ciudadano y el ciudadano debe de velar de los abusos y del mal uso que se haga de ellos como base de  la democracia y del control del personal al servicio de las Administraciones Publicas.

La Justicia debe de recaer en el pueblo, en aquellos casos en los que las decisiones democráticas del pueblo sean mas eficaces que los tramites de la Administración de Justicia y sobre todo en lo que afecta a la Administración Publica y el personal encargado de la misma. Deben de existir instrumentos adecuados para impartir justicia publica de forma eficaz y rápida y no haber posibilidad de causar daño en el tiempo por intereses políticos o partidistas en el poder del Estado.

 

El pueblo tiene la palabra, y el control de la Administración y de todos los cargos públicos deben de estar en manos de la democracia y de la participación ciudadana.

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